• García Urbano y Jorge Azcón presentaron ayer ante la Junta de Portavoces telemática, 12 ideas para ayudar a afrontar las consecuencias de la crisis económica generada por el virus.
• El PP espera que sus propuestas sean incluidas en el Real Decreto Ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy.
• García Urbano y Azcón plantean la necesidad de que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit que acumulan para poder asumir las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.
• Proponen promover una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para elaborar una nueva regulación de los contratos de larga duración.
El vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Estepona, José María García Urbano, junto al portavoz del Partido Popular en la institución y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, plantearon ayer al resto de grupos políticos un decálogo de medidas económicas extraordinarias para paliar la situación que van a tener que afrontar las entidades locales españolas ante la pandemia del coronavirus. Según explica el vicepresidente de la FEMP, “hemos participado telemáticamente en la reunión de la Junta de Portavoces y desde el PP hemos trasladado un conjunto de medidas que esperamos podamos consensuar para que puedan incluirse en el Real Decreto Ley que está preparando el Gobierno”.
El decálogo ha sido estudiado entre todos los miembros de la Junta de Gobierno del PP en la FEMP y supervisado por el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol.
Para García Urbano “se trata de medidas económicas extraordinarias para hacer frente a una situación extraordinaria que se ha generado tras decretarse el estado de alarma”. Por este motivo, se muestra “confiado en que el Gobierno de Pedro Sánchez adopte muchos de nuestros planteamientos ya que buscan aliviar la tensión económica que están sufriendo las entidades locales ante esta situación de crisis sanitaria”.
En la misma línea, el portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, explica que “los ayuntamientos deberían poder utilizar su superávit para poder asumir las consecuencias económicas que están soportando”.
Así, el alcalde de Zaragoza ha hecho hincapié en que “no es un capricho de las entidades locales sino una necesidad urgente poder utilizar nuestros remanentes positivos para aliviar la situación de nuestros vecinos y ser capaces de seguir teniendo músculo para soportar este momento crítico”.
Entre las medidas solicitadas por el Partido Popular se encuentra la petición de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, de cara a que se haga una nueva regulación de los contratos de larga duración, es decir, los contratos de concesión de servicios con posibilidad de exclusión del IVA y del beneficio industrial.
Igualmente, se ha pedido la suspensión de los plazos de la jurisdicción administrativa al ámbito de la ejecución de contratos públicos, especialmente los plazos de ejecución y plazos de finalización de contratos, de forma excepcional para que puedan seguir prestándose estos servicios por las entidades locales.
El decálogo de medidas recoge también la solicitud de que el Gobierno flexibilice la regla de gasto tanto para las entidades locales que están endeudas como para aquellas que tengan superávit.
García Urbano y Azcón han defendido la necesidad de que el Ejecutivo establezca medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez para que los ayuntamientos más endeudados puedan atender las consecuencias económicas sobrevenidas.
Para ello, creen que se podrían concertar préstamos de interés financiados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En la misma línea, el PP en la FEMP ha planteado que se solicite al Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de medidas económicas o líneas de crédito extraordinarias para hacer frente o paliar los efectos económicos que las empresas y demás agentes económicos están padeciendo por el panorama que se ha generado en España como consecuencia de la expansión del coronavirus.
Ambos alcaldes han insistido en la necesidad de que el Gobierno “sea solidario y comprensivo con los ayuntamientos ya que, al ser la administración más cercana a los ciudadanos, es la que mayor esfuerzo económico va a tener que realizar para poder dar respuesta a las necesidades de los vecinos de sus municipios”.
